Resumen del producto

La jurisdicción disciplinaria, en específico la competencia de la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) en el ius puniendi colombiano, y la tradición 
procedimental disciplinaria, interpretada por la jurisprudencia de los procesos 
sancionatorios en Colombia, prima facie se encuentra en armonía con la normativa 
interamericana. No obstante, revisándose detalladamente sentencias internas e 
internacionales en donde se establece el alcance de la inhabilitación y destitución 
por la PGN en su poder preferente disciplinario, los controles de constitucionalidad, 
legalidad, convencionalidad de sus habilidades expuestas en el marco 
jurisprudencial nacional e internacional y analizando las estadísticas sobre 
funcionarios públicos elegidos popularmente suspendidos, destituidos e 
inhabilitados por procuradores, es evidente que existe una discordia institucional 
entre las corporaciones del ordenamiento jurídico interno y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Habiéndose establecido la regla 
jurisprudencial cuando produjo el efecto de cosa juzgada constitucional en el 2006, 
se determinó la interpretación de la norma y sus implicaciones. Si bien fueron 
actualizadas, los vacíos pendientes y cuestiones surgentes se pueden convertir en 
lagunas de impunidad, por lo cual se aproximará la realidad normativa disciplinaria 
en Colombia dos años después del Caso Petro Urrego Vs. Colombi

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