Resumen del producto

La democratización de la justicia es hoy una exigencia global y su inclusión en el punto 16 de los ODS-Agenda 2030, deberá impactar en la reformulación del quehacer judicial, a partir de la incorporación de estrategias innovadoras que contribuyan a generar un mayor acercamiento entre el ciudadano y el órgano judicial, en aras de efectivizar el derecho a la tutela judicial. Por ello, resulta pertinente revisar, lo que implica la denominada justicia abierta y la justicia digital, toda vez que, confrontan la interpretación tradicional del principio de independencia y autonomía, que ha fundamentado la idea de mantener un “distanciamiento social” y en algunos casos, una estructura rígida y cerca a lo monárquico, así como la práctica probatoria judicial a la luz del principio de inmediación. 

Con relación a la “democratización de la justicia”, es dable señalar que con la aparición del modelo de Estado constitucional, propio de la época de la posguerra del siglo XX, del que fue receptivo Colombia con la entrada en vigencia de la Carta del 91, se evidencian pasos importantes, no solamente en mayores garantías para el ciudadano y la materialización de los derechos fundamentales, sino también porque el diseño institucional de la democracia participativa prevé más escenarios de intervención e incidencia ciudadana, como garante, de la integridad política y constitucional. 

Dentro del ese diseño, se resalta la jurisdicción constitucional, que jugará un papel trascendental para el desarrollo de la democracia en clave de concretización de derechos y, protección a grupos minoritarios, lo cual, en algunos casos, confrontará comprensiones tradicionales sobre el principio democrático, en tanto que, por ejemplo, develará omisiones legislativas y exhortará al legislador a que regule las garantías declaradas por el alto tribunal, dando lugar a la integración de nuevos derechos o bien, sacando a la luz los derechos innominados.  

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